Hace un año el Ayuntamiento de
Benasque fue denunciado por unas obras realizadas en el
río Ésera, cuyo objetivo era reducir el riesgo de inundaciones que pudiera sufrir el entonces futuro
telecabina hasta Cerler.
La denuncia, presentada en agosto de 2025 por Ecologistas en Acción, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, la Asociación Naturalista de Aragón y la Red de Apoyo al Agua Pública de Aragón, ha recibido respuesta un año después por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que ha impuesto al Ayuntamiento una sanción de 4.000 euros.
La multa resulta pequeña frente a los 1,2 millones de euros que costaron las obras, pero no ha dejado satisfechas a ninguna de las partes. El Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá la sanción y defiende que los trabajos eran necesarios para mejorar la protección de Benasque frente a las avenidas y que el cauce ha quedado en mejores condiciones ambientales y paisajísticas.
Desde el otro lado, la Plataforma SOS Ribagorza también considera insuficiente la sanción porque, según denuncia, no existe una valoración de los daños. La plataforma estudia igualmente recurrir la resolución.
La resolución del presidente de la CHE, Carlos Arrazola, concluye que las obras no se ajustaron al proyecto autorizado para reducir la vulnerabilidad frente a las inundaciones del casco histórico de Benasque.
Según la CHE, durante los trabajos se ejecutó una plataforma en la margen izquierda del río Ésera, se habilitó un vado provisional para maquinaria que suponía un obstáculo al régimen de las corrientes y se construyó una segunda plataforma junto a la escollera de la margen derecha.
Además, se removieron sedimentos, se eliminó vegetación del cauce y sus márgenes y las obras se ejecutaron fuera del plazo autorizado.
El Ayuntamiento alegó que no había ejecutado directamente los trabajos, ya que había cedido su realización al Instituto Aragonés del Agua. Este organismo justificó las actuaciones por razones técnicas y económicas, argumentando que era necesario desviar temporalmente el cauce para reparar el muro y la escollera y crear una plataforma de trabajo.
La CHE, sin embargo, considera que existió falta de diligencia y atribuye la responsabilidad al Ayuntamiento como titular de la autorización administrativa, independientemente de los acuerdos establecidos con terceros.
Los hechos han sido considerados una infracción leve de la Ley de Aguas, que puede sancionarse con hasta 10.000 euros. La CHE fijó finalmente la multa en 4.000 euros, teniendo en cuenta como atenuante que ya se habían retirado las plataformas y el paso provisional y se había iniciado la restitución del cauce.
La resolución también descarta remitir el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente, al considerar que no se han producido daños permanentes al dominio público hidráulico.
Fuente: nevasport.com
