Tras el último rescate de Boí Taüll por parte de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ya son 23 de las 30 estaciones de esquí alpino de España —el 76 % del total— las que están gestionadas por entidades públicas (gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos), frente a solo ocho que permanecen en manos privadas.
Esta transición, gradual durante la última década, refleja un cambio de paradigma: de un modelo centrado exclusivamente en la rentabilidad privada a otro donde el objetivo principal es sostener un motor económico imprescindible para decenas de comarcas de montaña.
Según el informe del diario Palco 23, España dispone en estos momentos de 30 estaciones alpinas operativas, de las cuales 27 están integradas en la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM) y solo Port del Comte, La Pinilla y Punto de Nieve Santa Inés opera al margen de ella.
En el listado oficial de ATUDEM aparecen 27 estaciones alpinas -incluido Madrid SnowZone- repartidas por Cantabria, Pirineo Catalán, Pirineo Aragonés, Sistema Central y Sistema Ibérico; a ellas se suma Port del Comte, La Pinilla y Punto de Nieve Santa Inés para completar el total de 30.
Desde las administraciones se subraya que, además de la captación de visitantes, la economía de los municipios con estación de esquí recibe directamente un 20 % de sus ingresos de la actividad invernal.
Estudios recientes destacan casos concretos: Baqueira Beret cerró la temporada 2024-25 con más de un millón de jornadas de esquí y 131 días de actividad, consolidándose como referente y generando un impacto fiscal y de empleo notables.
El peso de las grandes gestoras públicas
Pirineo Catalán:
De las diez estaciones de esquí alpino en las montañas catalanas, siete cuentan con capital público. Seis forman parte del grupo FGC -La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria y Boí Taüll-, Tavascán está gestionada por el Ayuntamiento de Lladorre, aunque con aportación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Únicamente Baqueira Beret (familia Serra y Catalana Occidente), Masella (grupo Bosch Aymerich) y Port del Comte (Guimaru) siguen en manos privadas.
Cordillera Cantábrica:
En las estribaciones de la cordillera cantábrica hay seis estaciones operativas (Alto Campoo, San Isidro, Manzaneda, Fuentes de Invierno, Valgrande Pajares y Leitariegos), todas ellas son de titularidad pública tras el cierre de la única privada, Lunada.
Sistema Central:
Cuenta con un total de siete estaciones, cuatro son públicas (Aramón Javalambre, Aramón Valdelinares y Valdezcaray y Punto de Nieve Santa Inés, que es de la DIputación de Soria) y tres privadas: Valdesquí (familia González de la Fuente), Puerto de Navacerrada (Inversiones Río S. L.) y La Pinilla (La Pinilla Management Corporation SL).
Pirineo Aragonés:
En las montañas del Pirineo aragonés tres de las cinco estaciones forman parte del grupo público Aramón (Cerler, Formigal y Panticosa); Astún y Candanchú permanecen en manos privadas, esta última bajo el paraguas de Ibernieve Aragón tras la compra de la concesión en 2016
Granada:
La estación de Sierra Nevada: explotada por Cetursa -sociedad pública que gestiona el uso de terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Granada-, mantiene un contrato de largo plazo con renta fija anual, lo que garantiza su estabilidad y compromiso con el desarrollo turístico de la región.
La gestión pública busca equilibrar la viabilidad económica de estaciones de menor tamaño con la necesidad de contar con un producto competitivo: inversión en remontes, innivación artificial y proyectos de desestacionalización para contrarrestar la volatilidad climática.
Así lo demuestra FGC, que ha incrementado su inversión en un 25 % para modernizar infraestructuras y afrontar los efectos del cambio climático en sus seis estaciones.
La reciente ola de fusiones y rescates (como el de Boí Taüll o Tavascan) evidencia un modelo donde la administración actúa como garante del “motor blanco” que dinamiza la economía rural y el empleo local.
Fuente: lugaresdenieve.com
