El proyecto ferroviario proponía prolongar la línea R-3 de Rodalies desde La Tour de Carol (Francia) hasta la Seu d’Urgell, atravesando el valle del Segre y accediendo a Andorra mediante un ramal de unos 57 kilómetros. El objetivo era establecer un enlace directo con Barcelona en unas 2,5–3 horas, pasando por estaciones clave como Alp y Puigcerdà.
El coste estimado de la obra se situaba en una horquilla muy amplia en función de proyecto escogido, entre 600 y 4.000 millones de euros, unas cifras que expertos en ingeniería y responsables de Asuntos Públicos consideran desproporcionadas respecto a la baja densidad de población actual en la zona.
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha defendido que la construcción de infraestructuras de alta capacidad debe responder al crecimiento demográfico real: “La prioridad ahora es garantizar que los recursos públicos se alineen con las necesidades presentes. Solo con un volumen de usuarios adecuado se justifica la inversión masiva en obra civil”.
En este sentido, el Govern considera que el tren solo sería rentable cuando Catalunya alcance al menos 10 millones de habitantes, un escenario que no se prevé a corto ni medio plazo.
El Tramvalira, aplazado hasta 2050
El denominado Tramvalira fue concebido para cubrir los 10 kilómetros entre La Seu d’Urgell (España) y Sant Julià de Lòria en Andorra, ofreciendo una alternativa sostenible a la carretera N‑145, conocida por sus frecuentes atascos y accidentes.
El proyecto fue bien recibido por las autoridades andorranas, y el propio secretario de Estado de Transports, David Forné, lo presentó como un eje clave para la movilidad interior del Principado y su conexión con España.
No obstante, en el Plan de Infraestructuras 2025–2050 de la Generalitat, el Tramvalira queda relegado al horizonte 2050, sin partidas presupuestarias ni cronograma definido a corto plazo.
Reacciones y consecuencias
Expertos en desarrollo territorial advierten de que la paralización de ambos proyectos podría frenar el dinamismo económico del Alt Urgell y limitar el potencial turístico de Andorra más allá de la temporada de nieve: “Estos proyectos no solo son transporte; son un motor de crecimiento para el Pirineo. Su paralización puede desincentivar inversiones privadas y públicas en servicios asociados como hoteles, estaciones de esquí y actividades de montaña”, afirman diversos consultores.
Catalunya, que actualmente ronda los 8 millones de habitantes, prevé alcanzar los 10 millones en las próximas décadas debido al crecimiento vegetativo y la migración. Por ello, el Govern ha lanzado un plan de inversión a largo plazo centrado en reforzar hospitales, escuelas y redes de transporte existentes.
En contraste, Andorra cuenta con unos 80.000 residentes, con un crecimiento demográfico lento y muy vinculado a sectores como el turismo y las finanzas. Según las autoridades, esta situación no garantiza una demanda suficiente para justificar grandes infraestructuras ferroviarias por el momento.
Críticas y alternativas
La decisión ha generado críticas por parte de la oposición y colectivos vecinales. Desde la alcaldía de La Seu d’Urgell, el alcalde Joan Vila ha lamentado la falta de ambición del Govern para vertebrar el Pirineo, reclamando “un calendario claro, aunque sea a muy largo plazo”.
Por su parte, plataformas ecologistas valoran positivamente la prudencia inversora, insistiendo en que se refuercen primero los servicios de autobús, carriles bici y transporte público compartido, antes de embarcarse en obras de gran coste.
Como alternativa, el Govern se compromete a estudiar soluciones menos costosas, como un tren ligero con horarios reducidos o la mejora de la red viaria mediante carriles bus y más frecuencias en la línea Andorra–Barcelona.
Fuente: lugaresdenieve.com
